Tal como lo viene contando HOSTELTUR, las cifras del BSP en Uruguay venían en franca recuperación hasta diciembre de 2021, cuando inició una caída que se pronunció en enero. De hecho, septiembre, octubre y noviembre habían sido tan buenos, que la facturación por aéreos recuperó un 50% de los niveles prepandémicos.
¿Por qué? O, mejor dicho, ¿cómo se explica que se registre una caída en las ventas cuando las ocupaciones de asientos de las compañías aéreas internacionales superan ampliamente el 80%, al punto que en el mercado se afirme que “los aviones salen llenos” y las propias aerolíneas anuncian incrementos en las frecuencias para los próximos meses.
Una primera explicación es que esa primera caída coincidió con el pico de la variante Ómicron del COVID-19, pero el BSP mide las ventas y no el tráfico, es decir, se pudo haber detectado una baja en las salidas al exterior en esos meses, pero eso podría no haber tenido un efecto directo relevante sobre la venta para los siguientes meses, dado que todo el mundo sabía que esa cepa sería de corto efecto.
Pero podría haber una segunda explicación: ¿qué tal si esas ventas por parte de las agencias de viajes uruguayas pudieran concretarse en otro lugar en el que esos boletos se emitieran a mitad de precio, legalmente y subvencionado por el Estado de ese país? Ese lugar existe, y se llama Argentina.
Volvamos al principio e imaginemos una hipotética situación en una agencia de viajes cualquiera en Uruguay. Llega un entusiasta pasajero consultado tarifas para un vuelo de Montevideo a Miami. El agente corrobora en el sistema y lo cotiza, por ponerlo en cifras redondas, en US$ 1.500. Al pasajero le parece un poco caro, porque en la web lo vio a US$ 1.498; entonces parece que va a desistir de la compra, cuando el vendedor le dice “puedo dejárselo en US$ 1.300”, sólo por ser un buen cliente. Y el cliente acepta la oferta contento.
Allí se inicia una maniobra en parte legal y en parte ilegal, basada en una grieta normativa que permite que un país, como se señalaba, subsidie los viajes al exterior de su vecino, resignando las divisas que tanto necesita y para lo cual implementa severos “cepos” y restricciones cambiarias.
¿Qué es lo que hace ese empresario uruguayo (no todos, por supuesto, sino sólo el de este caso hipotético)? Llama a su colega de confianza “al otro lado del charco”, en Buenos Aires, y le pide que le emita ese Montevideo/Miami, a pagar en pesos argentinos, en efectivo. Junta el dinero de varias operaciones similares; se va al puerto a tomar un ferry y cruza el Río de la Plata con los dólares en efectivo. Hasta ahí, todo legal.
Pero aquí empieza la etapa ilícita de la maniobra: lo que hace es ir a lo que en Argentina llaman “cueva”, una casa de cambio clandestina, donde consigue que les paguen el doble de pesos argentinos que lo que indica el cambio oficial. A ese tipo de cambio le llaman “dólar blue” (el viernes 26 de marzo, por cada dólar se pagaban AR$ 109,5 a cambio oficial, mientras que en el mercado paralelo daban AR$ 198).
Recordemos que el pasajero le había dado en Montevideo US$ 1.300, y por ese monto, al cambio ilegal, el agente recibió AR$ 257.400. Con esos pesos fue a ver a su colega porteño. “¿A cuánto me emitiste el Montevideo/Miami?”, podría preguntarle luego de compartir un café. “A US$ 1.500”, le respondería el agente argentino, pero luego recordaría que se lo iba a pagar en pesos. Calcula al cambio oficial, y la cuenta le da AR$ 164.250. Son AR$ 93.150 pesos de diferencia (US$ 850 a cambio oficial o US$ 470 al blue), o de ganancia adicional a su fee.
El uruguayo le diría: “Claro, pero ahora tengo que pagarte el Impuesto PAÍS ese del 30% que cobran a los viajes al exterior, además de la percepción del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, ¿no?”.
Y el argentino le explicaría que esas tasas no aplican para los viajeros no residentes, sino sólo a la enorme mayoría de sus clientes, o sea, los argentinos. En efecto, la ley dice claramente que no alcanza a quienes no residen en el país.
Apenas asumido el Gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, y ante el desafío de contener la falta de dólares en el país, el mandatario mandó al Congreso la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, que incluía en su artículo 35° el llamado Impuesto PAÍS, una tasa del 30% sobre la compra de dólares para ahorro o para consumo de bienes o servicios en el exterior, incluyendo los viajes. Y en su artículo 36° dice que “serán pasibles del impuesto que se aprueba por la presente ley, los sujetos residentes en el país -personas humanas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables- que realicen alguna de las operaciones citadas en el artículo anterior”. Un mes después, implementó la percepción del 35%, atada al cobro del Impuesto PAÍS, es decir que tampoco aplica para los no residentes.
Así que, como se ve, en Argentina es legal que un extranjero compre viajes al exterior sin abonar estas tasas que pagan todos los argentinos, y también es legal que los adquiera en pesos, sin que se controle cómo obtuvo esos pesos, inclusive cuando esos viajes ni siquiera se produzcan en Argentina.
En esta breve historia, fue un agente de viajes el que hizo esa operación, pero cualquier pasajero en Uruguay puede hacer exactamente lo mismo, y adquirir su pasaje de US$ 1.500 por sólo US$ 830: casi a mitad de precio. Y quien está subsidiando este descuento es el propio Estado argentino, a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que es el que le tiene que vender los dólares al operador para que transfiera el pago (quenrecibió en pesos) a la aerolínea en el exterior, y lo hace al cambio oficial.
Un dato interesante sobre esta modalidad es que buena parte del mercado sabe que se está operando de esta manera, e incluso importantes operadores le confirmaron a este medio que empresas uruguayas con las que trabajan habitualmente les han ofrecido trabajar bajo esta modalidad (y la han rechazado, aseguran). También se ha podido corroborar que importantes cadenas hoteleras del exterior también están al tanto, y por eso estarían reforzando sus acciones ante el mercado uruguayo, con fuertes crecimientos en los últimos meses. Pero para el Gobierno por ahora parece ser un punto ciego en su plan de ajuste.
Efectos colaterales
Desde luego, esta operatoria no es la primera vez que se produce entre estos países, fruto de los grises en las normas y de la normalidad con la que se opera moneda paralela. Y no sólo tiene un efecto directo en la economía, sino que también genera impactos colaterales que afectan a la industria y a aquellos que trabajan al amparo de la ley.
El primero de ellos, también económico, es que las divisas que ingresan por esta modalidad van directamente a engrosar el mercado paralelo, mientras que el Estado, que es el que sostiene el tipo de cambio a través del BCRA, tampoco ve los beneficios posteriores a través de la recaudación fiscal, porque esos boletos están exentos de las dos principales tasas.
Un segundo efecto es la distorsión en la balanza de pagos. Como es sabido, un viejo problema para la industria turística en Argentina es que el Gobierno no traza una diferencia en lo que llama “Cuenta de Turismo” del Mercado Único Libre de Cambio (MULC), e incluye como “viajes” a aquellos gastos que se hacen con tarjeta de crédito en el exterior, aunque sea realizado desde el propio país. Por ejemplo, comprar artículos en los marketplace chinos o vidas para el CandyCrush. ¿Qué parte del actual número de salida de dólares al exterior por turismo corresponde hoy a viajes uruguayos (o paraguayos y chilenos, aunque en menor escala)?
Y, finalmente, las tarifas. Fuentes del sector aseguraron que esta situación está empujando hacia arriba los precios de los aéreos en Uruguay, porque las compañías están al tanto de esta mecánica (¿la estarán difundiendo también entre sus agencias?) y saben que hay margen para obtener más ganancias sin que eso afecte demasiado al consumidor. ¿Quién paga la diferencia?
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