Bariloche: La CGT contra el «límite» judicial a la protesta
(ADN).- Los gremios que integran la CGT en la zona andina de Río Negro salieron a defender el derecho a la protesta y criticaron la decisión judicial de poner un «límite» a las manifestaciones en Bariloche. La resolución fue dictada en febrero por una jueza laboral, a pedido del poderoso sector empresario hotelero.
La jueza de Cámara, Alejandra Paolino, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Cámara de Turismo, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche, y la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, ordenando que el sindicato limite las acciones de protesta que llevaba adelante -en aquel entonces- en reclamo de una negociación paritaria.
“Tenemos el derecho constitucional de manifestarnos públicamente», ratificó ayer Nelson Rasini, secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).
En conferencia de prensa junto a los referentes de los gremios que integran la CGT, el dirigente indicó: “Estamos en total desacuerdo por el precedente que puede sentar (el fallo), porque no sólo va a en contra de los gastronómicos, sino de cualquier gremio que tenga alguna instancia para manifestarse”.
Ni bien fue publicada la decisión judicial fue inmediatamente recurrida por el gremio, entendiendo que “coartaba la libertad de expresión, algo muy grave en democracia”, pero la Justicia Laboral ratificó recientemente la competencia de la Jueza.
Específicamente, la resolución ordenó que las protestas se realicen “sin impedir u obstaculizar el normal desarrollo de la actividad hotelero gastronómica, su servicio y estadía de los huéspedes y visitantes de la ciudad de Bariloche”. Tampoco podría UTHGRA efectuar “cortes de ruta y/o calles y/o lentificar el tránsito”, obstaculizar el libre ingreso establecimientos o “perturbar la tranquilidad de los huéspedes”.
El secretario General de la CGT Zona Andina, Luis Cionfrini, alertó la complejidad y gravedad de la decisión de la justicia: “En los momentos de crisis social que estamos viviendo, de desocupación y vulneración de los derechos de los trabajadores, tenemos derecho a manifestarnos», defendió.
Interpretó que se trató de una sentencia «a pedido del sector empresario» que busca amedrentar a los trabajadores para que no se manifiesten en las calles. «Nos están dando un mensaje político: que tengamos cuidado», criticó, anticipando que analizan acciones conjuntas de protesta y medidas judiciales para ratificar “el derecho constitucional a manifestarnos públicamente”.
Wálter Cortés, Secretario General de la Asociación Empleados de Comercio, calificó el fallo como “antidemocrático” y fustigó a la justicia, acusando a la jueza de atentar contra los derechos del trabajador. “Le dan a la posibilidad a los usureros de echar gente sabiendo que nadie les va a tocar el bombo en la puerta”, responsabilizó.
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