Preocupación en hoteles de 'todo incluido' por las posibles pérdidas por las nuevas normas contra el turismo de borrachera
Temen que las reservas se resientan y que se desvíe el problema del turismo de excesos a otros puntos. Los expulsados por balconing y otros desmanes ascendieron un 47% en Magaluf en 2019: 250.
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La limitación del alcohol en el régimen de todo incluido ha extendido cierta preocupación en hoteles de las zonas afectadas por el decreto ley para erradicar el turismo de borrachera. Pese al apoyo general brindado al decreto desde la patronal hotelera, establecimientos que centran buena parte de sus bazas en la figura del todo incluido confiesan cierta intranquilidad a la espera de ver cómo les puede afectar la nueva reglamentación.
El decreto ley va a limitar la oferta de alcohol a un máximo de tres bebidas por persona y comida, a fin de evitar que determinados clientes tengan barra libre en su propio hotel. Por lo pronto, el propio conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, confirmó el pasado viernes que el decreto ni debe ni va a tener efectos retroactivos, por lo que se van a respetar todas las condiciones en las contrataciones ya cerradas. La patronal ha mostrado su agradecimiento por ello.
A partir de aquí, la planta hotelera más afectada por esta medida está a la espera de comprobar durante la temporada de qué manera le acabará afectando.
Tal es el caso en Magaluf -una de las tres zonas afectadas por el decreto ley junto con Playa de Palma (Mallorca)y el West End de Sant Antoni (Ibiza)-. Para el presidente de la Asociación de Hoteleros de Magaluf y Palmanova, Mauricio Carballeda, la cuestión está todavía por ser analizada. «Hay que ir viendo el impacto económico que tiene en algunos hoteles y cómo les influye», si bien asume que los establecimientos que siguen funcionando con esta oferta «son muy pocos».
FAMILIAS Y PAREJAS
Además, sostiene que esta minoría no concentra precisamente su todo incluido en el turismo de borrachera, sino que «es una oferta enfocada a familias, parejas» y no diseñada para el dispendio continuo de alcohol a los clientes más representativos del turismo de excesos.
En cualquier caso, reconoce preocupación por el hecho de que algunos turistas puedan acabar optando por otras ofertas de todo incluido en otras zonas sin restricciones de alcohol, como Santa Ponça sin ir más lejos. Si eso ocurre, señala, no solo los hoteles de Magaluf se verían perjudicados económicamente, sino que de rebote se podría estar desviando el problema del turismo de excesos a otros puntos de las Islas. «O a lo mejor no ocurre nada. Está por ver».
Hay que tener en cuenta que la nueva reglamentación ha sido aprobada justo en un momento «delicado», puesto que los meses de enero y febrero son la época preferida por buena parte de los turistas británicos para efectuar sus reservas.
Más allá de eso y en relación a las perspectivas de este año, las reservas, se confirma desde la asociación, se están moviendo en la línea del año pasado, o incluso con un leve aumento del volumen de ocupación previsto. La Feria Internacional de Turismo de Madrid de la próxima semana debe servir entre otras cosas para despejar algunas incógnitas, especialmente en lo referente al comportamiento del mercado británico con la cuestión del Brexit ya encima.
Otra de las medidas más destacadas del decreto, la persecución al balconing -con multas de entre 6.000 y 60.000 euros y la expulsión de los clientes que realicen esta práctica- no va a resultar en absoluto novedosa para los hoteles de la zona, que llevan varios años expulsando por cuenta propia a los clientes más conflictivos en ese sentido. Precisamente en 2019 hubo un repunte en la cifra de expulsados por comportamientos incívicos y/o peligrosos para la integridad física, con alrededor de 250 clientes. Las dos temporadas anteriores las cifras se habían movido en torno a las 170 expulsiones (cerca de un 47% menos). Hasta ahora, el año con más expulsiones había sido 2013 con 254.
En ese sentido, ya hace años que había una política de tolerancia cero entre la planta hotelera con este tipo de comportamientos, la única variación es la obligatoriedad legal de los hoteles a partir de ahora de multar y expulsar a esos clientes, en caso contrario los propios establecimientos serán los sancionados.
Por otra parte, el presidente del PP en Baleares, Biel Company, señaló que desde su partido se aboga por un turismo de calidad y que «coincidimos en el objetivo principal del decreto, que es combatir y acabar con el turismo de excesos en nuestras islas». Sin embargo, se quejó por el hecho de «no conocer la letra pequeña» y mostró su extrañeza por que no haya sido publicado en el BOIB. Company expresó además su deseo de que no pase como con otras leyes del Govern de Armengol -en referencia a la Ley contra el Cambio Climático-, «que coinciendo todos en el objetivo el Govern lo haga mal y no puedan aplicarse algunas medidas».
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